Declaración de Políticas del Movimiento Gobierno Limitado
Ultima modificación Diciembre 31, 2018 - Bucaramanga, Colombia.
1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS.
Nosotros, los miembros del Movimiento Gobierno Limitado, apoyamos los siguientes principios:
Sección I.
Cada individuo tiene derecho a su propia vida, y este derecho es la fuente de todos los demás derechos, y es digno de ella por el simple hecho de ser humano.
Sección II.
Los derechos de propiedad son esenciales para el mantenimiento de esos derechos.
Sección III.
Con el fin de que se respeten estos derechos, es esencial que ningún individuo o grupo inician el uso de la fuerza o el fraude contra cualquier otro.
Sección IV.
Con el fin de prohibir el uso de la fuerza o el fraude de las relaciones sociales y para colocar el uso de la fuerza de represalia bajo control objetivo, la sociedad humana requiere de una institución encargada de la tarea de proteger los derechos individuales bajo un código objetivo de reglas.
Esta es la tarea básica de, y la única justificación moral para, el gobierno.
Sección V.
Las únicas funciones propias de gobierno cuyos poderes deben ser constitucionalmente limitados, son los siguientes:
- a) la solución, de acuerdo con las leyes objetivas, de disputas entre individuos, en donde, el arbitraje voluntario privado ha fallado;
- b) proporcionar protección contra los delincuentes;
- c) proporcionar protección contra los invasores extranjeros.
Sección VI.
Como consecuencia de todo lo anterior, cada individuo, siempre y cuando respete los derechos de los demás, tiene el derecho a vivir como crea conveniente por si mismo, como un comerciante libre en un mercado libre.
2. PRINCIPIOS DE GOBIERNO
Sección I. Preámbulo.
Nosotros, los miembros del Movimiento GObierno Limitado, llamamos a una marcada reducción en el tamaño y los poderes del Gobierno de Colombia.
Sostenemos que donde existen gobiernos, deben ser estrictamente limitados tanto en su estructura como en sus operaciones.
El reconocimiento y la protección de los derechos del individuo a la vida, libertad y la propiedad son los únicos fines propios del gobierno.
Sección II. Constitución.
Apoyamos enmendar la Constitución de Colombia con el fin de hacer que el gobierno sea plenamente responsable ante sus ciudadanos en sus operaciones, y limitar el papel del Estado a la de la protección de los derechos individuales.
Proponemos que toda legislación declarada inconstitucional por los tribunales sea hecha inoperante.
Sección III. Carta de Derechos.
Apoyamos la enmienda de los Derechos consignados en la Constitución con el fin de garantizar la protección contra el uso de la fuerza o el fraude por cualquier individuo o grupo, o por el gobierno.
Esta Constitución debe contener una cláusula que indique que el gobierno no creará leyes que restrinjan los Derechos.
Sección IV. Libertad de Información.
Estamos a favor de la derogación de toda legislación que oculta información del gobierno de sus ciudadanos.
Las leyes actuales contra la entrada ilegal, allanamiento de morada, invasión de la privacidad, robo, y las cláusulas de confidencialidad en los contratos del gobierno, deberían ser suficientes para conservar los secretos legítimos del gobierno.
Apoyamos la adopción de una Ley de Libertad de Información, mediante el cual cualquier persona pueda demandar la divulgación de cualquier información gubernamental que le afecte personalmente.
El gobierno debe ser obligado, ya sea a liberar esta información o a probar que su divulgación violaría los derechos de los demás.
Sección V. Libertad de Acción Política.
A fin de mantener nuestro sistema de elecciones libres, es esencial que las elecciones estén libres de interferencias, en especial de interferencias del partido en el poder.
Nos oponemos a que el gobierno subsidie a cualquier partido político mediante dinero de impuestos, y no vamos a aceptar ese tipo de dineros.
Nos oponemos a las leyes que restringen la libertad de los individuos para organizar nuevos partidos políticos.
Hacemos un llamado a la derogación de todas las leyes que limitan o de otra manera rigen las contribuciones y gastos políticos, ya que estas leyes violan el derecho a comerciar, y la derogación de todas las leyes que requieren la divulgación de los nombres de los colaboradores políticos, como la violación del derecho a la intimidad y el voto secreto.
Como primer paso, creemos que las leyes de gasto y de divulgación deben aplicarse únicamente a las partes que reciben subsidios del gobierno.
Sección VI. Iniciativas.
Estamos a favor de que el electorado esté facultado para requerir una votación sobre cualquier medida en el momento de una elección, mediante la presentación previa de una petición con las firmas de un número determinado de personas calificadas para votar en esa elección.
Si se aprueba, dichas medidas tendrán la misma fuerza de ley que cualquier legislación.
Las Medidas de la Iniciativa, como cualquier legislación, deben ser coherentes con la Constitución y los Derechos Ciudadanos.
Sección VII. Retiro.
Estamos a favor de que el electorado esté facultado para requerir una votación sobre la supresión de cualquier pieza de legislación, mediante la presentación de una petición con las firmas de un número determinado de electores calificados.
Sección VIII. Decretos de Concejo.
Creemos que ninguna medida debe tener fuerza de ley a menos que sea aprobada por un Congreso debidamente elegido, o por iniciativa; por lo tanto, nos oponemos a un gobierno que legisle mediante un Concejo.
Sección IX. Denegación.
Apoyamos limitar el poder del gobierno nacional para permitir la legislación provincial que viole la Constitución o los Derechos ciudadanos.
Sección X. Lenguas Oficiales.
Hacemos un llamado a la derogación de las Leyes de Lenguas Oficiales, y cualquier otra legislación que haga que un individuo use ciertas lenguas.
Creemos que el gobierno nacional debe proporcionar servicios en Español o cualquier otro idioma siempre que los costes de estos servicios corran a cargo de las personas que los soliciten.
PRINCIPIOS DE DERECHOS INDIVIDUALES
Sección I. Preámbulo.
No existen otros derechos, que los derechos individuales, y estos derechos son inviolables.
Sostenemos que cada individuo tiene el derecho a ejercer el único dominio sobre su vida, y vivir en cualquier manera que pueda elegir, siempre y cuando no viole la igualdad de derechos de los demás.
Cada individuo debe tener el derecho a la libre determinación, que es la extensión necesaria del derecho a la vida, y esto debe hacer ilegal cualquier intento de agredir a cualquier persona o aprovecharse del producto de su trabajo.
Sección II. Discriminación.
Creemos que ningún derecho individual debe ser negados ni limitado por las leyes o acciones del Gobierno de Colombia o el gobierno de cualquier subdivisión política del mismo, a causa de raza, religión, sexo, edad, o cualquier otra característica o actividades personales no criminales.
Sección III. Libertad de expresión y Asamblea.
Nos oponemos a toda forma de censura del gobierno.
Nos oponemos a todas las leyes que restrinjan la libertad individual para realizar manifestaciones públicas, discursos o exposiciones, o para hacer campaña por cualquier razón.
Abusos en cualquiera de las áreas mencionadas anteriormente pueden ser manejadas a través de leyes tales como las leyes de contrato y las leyes que prescriben el abuso, la destrucción de la propiedad privada, el fraude y el asalto.
Sección IV. Libertad de los Medios de Comunicación.
Nos oponemos a control o propiedad de cualquier medio de comunicación por el gobierno. Por lo tanto apoyamos:
- a) la derogación de todas las leyes que prohíben, las licencias, la regulación, gravar o subsidiar la producción, venta o publicidad de cualquier libro, revista, periódico o película;
- b) la supresión de las agencias reguladoras de los medios de comunicación tales como laAutoridad Nacional de Televisión;
- c) la venta de organismos tales como los canales de televisión y emisoras radiales propiedad del gobierno tales como el Canal del Congreso, Señal Colombia y cualquier otro a la empresa privada;
- d) las garantías constitucionales de libertad de expresión que se aplicaría a todos los medios de comunicación; y
- e) el desarrollo de un sistema objetivo de ley que defina los derechos de propiedad individual a las "ondas de aire".
Sección V. Libertad de Asociación.
Apoyamos el derecho de los individuos a unirse voluntariamente, o abstenerse de unirse a, cualquier forma de asociación, club, sociedad, u otra organización.
VI. Libertad de Religión.
Defendemos el derecho de las personas a participar en actividades religiosas que no violen los derechos de otros. Con el fin de defender la libertad religiosa, abogamos por una estricta separación de cualquier tipo de organización religiosa y el Estado.
Nos oponemos a la carga tributaria de los bienes eclesiásticos por las mismas razones nos oponemos todos los demás impuestos.
Sección VII. Libertad de Contratación.
Creemos que los gobiernos no deben imponer cualquier estipulación contractual en cualquier acuerdo personal tal como el matrimonio, sociedad sentimental, divorcio, herencia o adopción.
Cualquier tipo personal de contrato voluntario deberá ser protegido por la ley.
Sección VIII. Derechos De Propiedad.
Sostenemos que los derechos de propiedad merecen el mismo respeto y protección que otros derechos individuales, porque el dueño de la propiedad tiene el completo derecho moral de controlar, usar, y disponer de, o de cualquier manera disfrutar de su propiedad sin interferencia, a menos que el ejercicio de su control infrinja los derechos de los demás.
Sección IX. Uso del Suelo.
La actividad de planificación del uso del suelo es solo responsabilidad y derecho del propietario(s) de la tierra. Por consiguiente, instamos al fin a toda interferencia del gobierno en el proceso de planificación a través de métodos tales como la expropiación, las leyes de zonificación o los códigos de construcción, planificación regional, o la adquisición de terrenos u otros bienes inmuebles con dinero de impuestos.
Hacemos un llamado a la derogación de todas las leyes que regulan el uso de la propiedad privada.
Sección X. Derecho a la privacidad.
Nos oponemos a la vigilancia gubernamental encubierta de las personas, cuando esta vigilancia viola los derechos personales o de propiedad de cualquier individuo.
Cualquier censo nacional u otra compilación de datos por el gobierno sobre laspersonas, grupos o corporaciones deben llevarse a cabo sobre una base estrictamente voluntaria.
Sección XI. Derecho a la Autoprotección.
Sostenemos que el individuo tiene derecho a poseer y portar armas. En consecuencia nos oponemos a las restricciones a la propiedad o el uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de armas.
Las restricciones generales de armas privan al individuo de su derecho a la legítima defensa en una situación de emergencia, dejando al criminal completamente armado.
Proponemos, como alternativa a la restricción general de armas, la imposición de penas severas al abuso criminal de este derecho, colocando así la culpa de la delincuencia armada donde pertenece - en el criminal.
PRINCIPIOS DE ORDEN CIVIL
Sección I. Preámbulo.
No existe un conflicto entre los derechos del individuo a la vida, la libertad y la propiedad, y la obligación del gobierno de mantener el orden civil.
Ambos conceptos se basan en el mismo principio: que ningún individuo, grupo o gobierno puede iniciar la fuerza o el fraude en contra de cualquier otro individuo, grupo o gobierno.
Sección II. Crimen.
El Crimen, la iniciación de la fuerza o fraude, amenaza las vidas, felicidad y propiedad de todos los Colombianos.
Para prevenir y suprimir el crimen, apoyamos:
- a) leyes claras, consistentes e imparciales para proteger los derechos individuales;
- b) fuerza policíaca y sistema judicial, fuertes y bien financiados;
- c) el derecho que cualquier agencia de seguridad privada ofrezca servicios de protección, consistentes con la Constitución y los Derechos ciudadanos; y
- d) el derecho de cualquier individuo de defenderse a si mismo y a su propiedad y a contratar con cualquier agencia de seguridad para este propósito.
Sección III. Crímenes sin Víctimas.
Dado que sólo las acciones que violan los derechos de otros pueden ser llamados correctamente crímenes, nos oponemos a toda ley que defina “crímenes” sin víctimas.
En particular, apoyamos por ejemplo:
- a) la derogación de toda legislación que prohíba la producción, venta, posesión o uso de cualquier droga, y de toda la legislación que requiera prescripciones médicas para la compra de cualquier droga, vitamina u otra sustancia;
- b) la derogación de toda la legislación que prohíba el intercambio voluntario de dinero por servicios sexuales entre adultos que están de común acuerdo, así como, todas las leyesque prohíban este intercambio;
- c) la derogación de todas las leyes que regulen o prohíban las apuestas;
- d) la amnistía incondicional para aquellos que actualmente se encuentren en arresto por cometer estos “crímenes”; y
- e) conceder un perdón a cualquiera que con anterioridad hubiera sido arrestado por estos “crímenes”.
Sección IV. Debido Proceso.
Hasta que una persona sea comprobada culpable de cualquier crimen del que sea acusado, los derechos individuales de esa persona deben ser respetados.
Ninguna persona deberá ser arrestada o interrogada contra su voluntad a menos que se hayan presentado cargos en su contra, o ser impedido de consultar un abogado.
Rechazamos todas las leyes y medidas de guerra preventiva que involucran arrestos preventivos.
Apoyamos la defensa de los derechos del detenido mediante juicios rápidos y la restitución completa de parte del gobierno por todas las pérdidas sufridas por las personas arrestadas y no condenadas.
Sección V. Poderes Policiales.
Rechazamos todas las leyes que permiten al gobierno declarar leyes marciales, o de a policía poderes especiales.
Creemos que un oficial de la ley tiene los mismos derechos, y las mismas obligaciones bajo la ley de respetar los derechos de otros, tal como cualquier otro individuo.
Sección VI. Justicia para la Víctima.
El propósito de cualquier sistema de cortes es proveer justicia.
El actual sistema de ley criminal está basado en el castigo con poco interés por la víctima.
Nosotros apoyamos la restitución de la víctima, en el mayor grado posible, a cuenta del criminal.
De acuerdo con esto nos oponemos a todas las leyes en las cuales se disminuya a la víctima restringiendo su derecho a recuperar los daños a cuenta de la parte responsable.
También apoyamos el derecho de la víctima de perdonar al criminal.
Llamamos al fin de la defensa basada en el argumento de “locura” o “capacidad disminuida”, que pueda librar al culpable de su responsabilidad.
Sección VII. Gobierno y Psiquiatría.
Instamos a que ninguna persona que no ha sido acusada o arrestada por un crimen sea encarcelada o detenida en contra de su voluntad, por razones psiquiátricas o cualquier otra razón, en un hospital mental o cualquier institución.
Por lo tanto:
- a) la derogación de todas las leyes que permitan la aplicación de tratamientos psiquiátricos involuntarios a cualquier persona incluyendo niños;
- b) el fin de todos los tratamientos involuntarios de prisioneros, como, por ejemplo, psico-cirugías, terapias con drogas, y terapias de aversión;
- c) el fin inmediato del gasto del dinero de impuestos en cualquier programa psiquiátrico o de investigación psicológica o tratamiento; y
- d) el fin de los centros y programas de “salud mental” financiados mediante impuestos.
Sección VIII. Restricciones de Pasaporte y Viaje.
Nos oponemos a cualquier intento de parte del gobierno de restringir el derecho de cualquier individuo de viajar a, desde, o hacia Colombia, Creemos que el gobierno puede rechazar prestar servicios de protección a un individuo que se encuentra fuera de Colombia.
Sección IX. Inmigración.
Creemos que todos los individuos tienen el derecho de elegir donde vivir, dado que no lo hagan en violación de los derechos de otros.
Por lo tanto apoyamos políticas abiertas de inmigración, y la eliminación de todos los programas del gobierno que subsidien la inmigración.
PRINCIPIOS DE DEFENSA Y POLÍTICA EXTERNA
Sección I. Preámbulo.
El principio de no iniciación de la fuerza deberá guiar la relación entre los gobiernos.
Un gobierno limitado adoptará una política de no intervención absteniéndose totalmente de conflictos externos y aventuras imperialistas.
Sección II. Capacidad Militar.
Apoyamos el mantenimiento de un establecimiento militar suficiente para defender Colombia de agresiones extranjeras.
Sección III. Reclutamiento.
Nos oponemos a cualquier intento de reclutamiento para el servicio militar o para cualquier otro propósito.
Obligar a los individuos a servir en contra de su voluntad, no importa la causa del servicio o cuan noble sea el motivo, es una negación de los derechos individuales.
Sección IV. Alianzas Militares.
Aprobamos la cooperación militar con otros gobiernos exclusivamente para proteger los derechos de los ciudadanos y residentes Colombianos.
Sección V. Acuerdos Internacionales.
Creemos que el único propósito de cualquier acuerdo entre el gobierno de Colombia y cualquier gobierno extranjero es la protección de los ciudadanos y residentes Colombianos.
Apoyamos el rechazo y desvinculación de cualquier tratado, acuerdo o acta que viola los derechos de los ciudadanos o residentes Colombianos.
Instamos al inmediato retiro de las Naciones Unidas.
Instamos al impedimento mediante la constitución de que el gobierno de Colombia entre en cualquier tratado o acuerdo bajo el cual los derechos individuales se vean disminuidos.
Sección VI. Asuntos Externos.
Favorecemos una drástica reducción del tamaño y coste de la totalidad de nuestros establecimientos diplomáticos.
Permitimos a los ciudadanos Colombianos el entrar en negociaciones diplomáticas con cualquier individuo o gobierno extranjero.
Sección VII.
Inmunidad Diplomática. Nos oponemos al otorgar inmunidad de la persecución, por razones diplomáticas o por cualquier otro motivo, a cualquier individuo.
Sección VIII. Ayuda Extranjera.
Nos oponemos a cualquier ayuda del gobierno a países extranjeros, excepto en el cumplimiento de compromisos bajo alianzas militares.
Negamos que el Gobierno de Colombia es responsable por el bienestar económico de cualquier otra nación.
Sección IX. Comercio Internacional.
Proponemos la abolición de todas las barreras al comercio internacional causadas por las leyes de Colombia [vea la sección de Tarifas y Cuotas].
Sección X. Finanzas Internacionales.
Apoyamos el retiro del Gobierno de Colombia de todos los esquemas internacionales de papel moneda y otros esquemas de crédito inflacionario.
Favorecemos el retiro del Banco mundial y del Fondo Monetario internacional.
Nos oponemos a que el gobierno intente regular las tasas de cambio.
El comercio internacional sólo puede ser libre cuando la tasa de cambio reflejan el valor de mercado de las respectivas unidades monetarias.
Sección XI. Territorios No Reclamados.
Nos oponemos al reconocimiento de reclamaciones por medio de mandatos, presentadas por las naciones o para fronteras internacionales, que se refieran a territorios como el fondo del océano o de cuerpos extraterrestres.
Apoyamos el desarrollo de normas objetivas para el reconocimiento de una reclamación de soberanía sobre dicho territorio.
PRINCIPIOS DE COMERCIO Y ECONOMÍA
Sección I. Preámbulo
Los derechos económicos son una extensión de los derechos individuales, específicamente del derecho a la asociación y el derecho a la propia propiedad.
Toda acción del gobierno que interfiere con en libre mercado viola esos derechos.
El único rol del gobierno, en este contexto es proteger los derechos de propiedad, forzar el cumplimiento de los contratos y resolver disputados proveyendo un marco legal para la protección del comercio voluntario.
Sección II. La Economía.
La intervención del Gobierno en la economía amenaza la libertad personal y la prosperidad material de los Colombianos.
Por lo tanto apoyamos las siguientes y específicas reformas:
- a) reducción de los impuestos y el gasto del gobierno;
- b) el fin del gasto deficitario;
- c) la eliminación todos los impedimentos del gobierno al libre comercio, incluyendo legislación relacionada con las relaciones laborales de la industria, mercadeo por parte del gobierno y licenciamiento y apoyo de monopolios por parte del gobierno (por ejemplo, el monopolio actual en las telecomunicaciones y el transporte); y
- d) el desmonte de todos los controles en salarios, precios, rentas, beneficios, producción, y tasas de interés.
Sección III. Comercio.
Creemos que cada persona tiene el derecho de intercambiar bienes y servicios con cualquier persona o grupo, libre de cohersión.
Todos los esfuerzos del gobierno por controlar o administrar el comercio son inapropiados.
Sección IV. Moneda.
Apoyamos la prohibición de que los bancos operantes en Colombia usen los dineros de depósitos a la vista de los ciudadanos y organizaciones para crear productos de crédito y favorecer el crecimiento de la oferta monetaria tanto en dinero metálico como en asientos contables manteniendo por lo tanto y en todo momento el 100% del valor de los depósitos.
La apropiación por parte de los bancos del dinero depositado a la vista constituye un atentado contra la propiedad de las personas y es considerado un crimen y crea ciclos económicos de crisis financiera y expansión crediticia que destruyen la economía.
Nos oponemos a cualquier intervención adicional del gobierno en el sistema monetario y bancario.
Proponemos la eliminación del Banco de la República y el fin del poder del gobierno de emitir o regular la moneda o el crédito.
Apoyamos la libertad continuada de cualquier individuo o grupo de poseer oro o cualquier otro artículo medio de intercambio, así como el derecho de producir moneda y emitir dinero excepto cuando este proviene de depósitos a la vista.
Sección V. Tributación.
Porque creemos que todo individuo tiene derecho a mantener el producto de su trabajo, nos oponemos, como una violación de los derechos individuales, a toda actividad del gobierno que consista en la recogida forzosa de dinero o bienes de los ciudadanos.
En concreto, apoyamos la derogación de toda clase de impuestos.
A la espera de dicha derogación, nos oponemos a la utilización de las sanciones penales contra los evasores de impuestos, y apoyamos la amnistía incondicional a todas las personas declaradas culpables de violar la ley de impuestos.
Nos oponemos, como a la servidumbre involuntaria, a los requisitos legales que obligan a los empresarios o dueños de negocios a servir como recaudadores de impuestos para cualquier agencia gubernamental.
Apoyamos un sistema de honorarios por servicios prestados, y la recolección de donaciones voluntarias, como los métodos de financiación de los servicios públicos en una sociedad libre.
Sección VI. Subsidios.
En orden para lograr una economía libre, en la cual el gobierno no victimiza a nadie para el beneficio de alguien mas, nos oponemos a todos los subsidios del gobierno a los negocios, labores, educación, agricultura, ciencia, arte, deporte, partidos políticos o cualquier otro interés social.
Proponemos la eliminación de todos los esquemas del gobierno para la “creación de empleo”.
Sección VII. Tarifas y Cuotas.
Tal como los subsidios, las tarifas y las cuotas sirven sólo para dar un tratamiento especial a ciertos intereses favorecidos, y para disminuir el bienestar de todos los ciudadanos.
Por lo tanto apoyamos la abolición de todas las tarifas y cuotas, como también al sistema de tarifas de impuestos a las importaciones y exportaciones y cualquier otra entidad o conjunto de regulaciones, comisiones, o departamentos que actúen bajo los términos de tarifas aduaneras y de fletes de carga o puertos.
Sección VIII. Inversión Extranjera.
Instamos a una inmediata abolición a todas las restricciones e impuestos especiales establecidas para la inversión extranjera en propiedades y negocios Colombianos.
Todas las personas viviendo y trabajando en Colombia, sin importar su ciudadanía tienen igual derecho de comerciar libremente bienes y servicios.
Sección IX. Agencias Gubernamentales.
Nos oponemos al involucramiento de agencias del gobierno o corporaciones con favoritismos en los negocios y la industria (por ejemplo: el servicio postal colombiano, todos los puertos y aeropuertos).
Proponemos la derogación inmediata de toda la legislación que restrinja la libre competencia con cualquiera de esas agencias y la venta de sus activos a individuos o grupos privados.
Sección X. Uniones y Colectivos en Disputa.
Apoyamos el derecho de los individuos para voluntariamente unirse o establecer uniones laborales.
Creemos que un empleador debe tener el derecho de reconocer o negarse a reconocer, una unión como el colectivo como el agente negociador para alguno o todos los empleados.
Reconocemos el derecho moral del empleador de contratar a trabajadores de sustitución en caso de huelga y el derecho moral del sindicato para organizar boicots secundarios, a menos que existan acuerdos contractuales.
Nos oponemos a toda interferencia del gobierno en el proceso de negociación, tales como la certificación de los sindicatos, el arbitraje obligatorio, o la imposición de una obligación de negociar.
Reconocemos que los contratos voluntarios entre los empleadores y los sindicatos son legal y moralmente vinculantes para ambas partes.
Sección XI. Normas de Empleo.
La legislación especificando los salarios a pagar, las horas a trabajar, y otras condiciones de empleo restringen la capacidad de los individuos para encontrar empleo, y limita la libertad individual.
Creemos que la capacidad del gobierno para establecer normas de empleo debe restringirse en aplicabilidad sólo a sus propios empleados.
PRINCIPIOS DE PREOCUPACIONES SOCIALES
Sección I. Preámbulo.
La interferencia del gobierno en situaciones sociales tales como la polución, la protección del consumidor, asistencia médica, y pobreza está más allá de la protección de los derechos individuales.
En adición, los problemas en estas áreas no han sido resueltos, sino principalmente causados, por el gobierno.
El rol del gobierno en estas áreas debe ser reducido a la protección de los derechos individuales.
Sección II. Polución.
Creemos que nadie tiene el derecho de violar los derechos de propiedad de otros mediante la polución.
Creemos que las leyes de contaminación y negligencia deben ser modificadas para cubrir los daños causados por polución en el aire, agua y ruido.
Apoyamos el desarrollo de un sistema objetivo de leyes que definan los derechos individuales de propiedad del aire y del agua.
Creemos que las ambigüedades relacionadas con estos derechos (por ejemplo el concepto de “propiedad pública”) son la causa principal del deterioro del medio ambiente.
Sección III. Protección del Consumidor.
Apoyamos fuertemente una fuerte y efectiva ley contra el fraude y la falsificación.
Nos oponemos a toda la regulación que define al consumidor, impone precios, define estándares para productos o de otra manera restringe la libre elección.
Nos oponemos a la legislación de la también llamada “protección al consumidor” que restringe el intercambio voluntario, y limita la habilidad de las partes involucradas de demandar.
Sección IV. Procreación.
Apoyamos que se ponga fin a todos los subsidios gubernamentales para procrear, y el fin de cualquier servicio pagado con impuestos para niños.
Nos oponemos a cualquier intervención del gobierno en la difusión privada o comercial de información sobre anticonceptivos o de suministros utilizados para la anticoncepción voluntaria.
Nos oponemos a todas las medidas coercitivas de control de crecimiento de la población.
Sección V. Educación.
Apoyamos la retirada de leyes que definen estándares de educación, y la eliminación de la operación gubernamental y subsidiada de instituciones educativas.
Apoyamos la no aplicación de impuestos a las escuelas que busquen y que no busquen lucro.
Sección VI. Desempleo.
Apoyamos la derogación de todas las leyes que impiden la habilidad de cualquier persona de encontrar empleo, incluyendo, pero no limitándose a: leyes de salario mínimo, también llamada legislación laboral, restricciones gubernamentales al establecimiento de centros de empleo diario, legislación que establece relaciones obrero-patronales obligatorias y requisitos de licenciamiento.
Sección VII. Pobreza y Bienestar.
El estado de bienestar, supuestamente diseñado para ayudar a los pobres, es una carga parásita en las personas productivas y trabajadores, y daña antes de beneficiar a los mismos pobres.
Proponemos la eliminación de toda participación del gobierno en los programas de bienestar y de socorro.
Cualquier ayuda a los pobres debe llevarse a cabo de forma voluntaria.
Sección VIII. Cuidado De La Salud.
La única manera efectiva de detener el deterioro de los servicios de atención de la salud que estamos experimentando es tener todos los planes médicos y de salud abiertos a la competencia en el mercado libre.
Por lo tanto apoyamos:
- a) poner fin a todos los planes de seguro médico obligatorio o financiados mediante impuestos;
- b) el derecho de toda persona de contratar libremente los profesionales de la salud de su elección;
- c) el derecho de los médicos y otros profesionales a unirse a asociaciones voluntarias, los derechos de las asociaciones para establecer normas para sus miembros, y el fin de la interferencia del gobierno en esta área (médicos y otros profesionales de la salud deben tener la libertad de trabajar sin licencias por parte del gobierno);
- d) la derogación de todas las leyes que limitan la responsabilidad de los médicos en casos de mala praxis; y
- e) la derogación de todas las leyes que obligan a cualquier individuo a someterse a pruebas, el tratamiento o la administración de fármacos contra de su voluntad.
Sección IX. Plan de Pensiones de Colombia.
Hacemos un llamado a la derogación del fraudulento, prácticamente en bancarrota, y cada vez más inadecuado y opresivo Plan de Pensiones de Colombia.
A la espera de dicha derogación, la participación en el Plan debe hacerse de forma voluntaria.
Estamos a favor de que las obligaciones existentes del Plan sean honradas en el mejor grado posible sin violar los derechos individuales.
Sección X. Autonomía Nativa.
Hacemos un llamado para honrar todas las justas reclamaciones de las personas nativas a la tierra, la propiedad y la autonomía.
Especialmente buscamos:
- a) el fin de la transferencia de los pagos a las personas nativas, y su sustitución por una transferencia de suma fija de tierras;
- b) el fin de toda intervención por parte del Gobierno de Colombia en el uso de la tierra natal, y el fin del cualquier departamento especializado en atender asuntos aborígenes;
- c) la derogación de cualquier ley que favorezca de manera especial a los indígenas; y
- d) la concesión de la ciudadanía plena de Colombia a todos los individuos nativos que quieran aceptarla.
Sección XI. Parques Nacionales.
No hay razón para que el gobierno subsidie las actividades de recreación y ocio de algunos de sus ciudadanos a costa de otros.
Llamamos a que la operación de todos los Parques Nacionales se haga de manera autónoma financieramente, mientras se concreta su venta a intereses privados.